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En tiempos de crisis muchos estados tienden a tomar la línea de la privatización, en algunos casos acertadas y en otros no tanto. En términos generales, desde Fomento se ha instado al gobierno a “acelerar la participación de agentes privados en aquellas empresas públicas susceptibles de incorporarlos mediante la venta de paquetes accionariales”.

El Gobierno estudia las posibilidades que se le plantean para vender participaciones accionariales, excepto en aquellos casos que tengan carácter de servicio público o de interés estratégico. Igualmente se plantean deshacerse de hasta un 30% de su participación en AENA.

Entre otras, RENFE y Adif pueden ser de las que más implicadas se vean, algo con lo que ciertos sectores de la opinión pública parece que estarían de acuerdo tras las reacciones de algunos sindicatos. Aunque todo dependerá de cómo se gestione, las tarifas que establezcan, el servicio que ofrezcan, las condiciones laborales,… para decidir si la opción es la correcta o no.

Peajes
Peajes

Un aspecto de estas posibles privatizaciones que probablemente levante más ampollas es el que hace referencia a las infraestructuras públicas. Algunos políticos, caso de Pere Macías de CiU, comienzan a hablar de cobrar a los ciudadanos por el uso de carreteras, algo que esperemos no se lleve adelante.

Esto posiblemente se pueda considerar una medida totalmente injusta, pues a parte de ser infraestructuras financiadas con dinero público, suponen el cobro de un peaje en regiones donde se rechazó la opción de que empresas privadas se encargaran de su construcción y gestión para evitar precisamente ese coste extra para el ciudadano. ¿Cómo reaccionarían ante esto en Andalucía o Extremadura, por ejemplo?


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